REGLAMENTO SEPULTO LEY 779

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, aseguró que las mujeres víctimas de violencia no están obligadas a acudir a las Consejerías Familiares, pero el reglamento sobre la ley 779 emitido por el Ejecutivo coloca a estos organismos por encima de las Comisarías de la Mujer de la policía.

“La Consejería es como la mediación: que es voluntaria”, explicó escuetamente Ramos, cuando magistrados, jueces, fiscales, policías, ministros y diputados sandinistas participaron en una serie de talleres en los que acordaron ejecutar este nuevo reglamento dictado por el comandante Daniel Ortega.

La aclaración de Ramos fue avivada por las críticas que esta nueva disposición ha causado en organismos que defienden los derechos de las mujeres.

“El reglamento obliga a las mujeres a pasar por Consejería Familiar, Comisaría de la Mujer o Ministerio Público, y estas instituciones las remitirían a Consejería Institucional con el Ministerio de la Familia”, reclamó Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

De acuerdo al reglamento, la nueva ruta para que las mujeres violentadas puedan acceder a la justicia inicia desde la comunidad. El artículo 8 crea las “Consejerías Familiares” cuyo fin es “fortalecer los valores de respeto, amor y solidaridad en las familias y la comunidad”.

Seguidamente, el artículo 9 dispone la Consejería Familiar Comunitaria, instancia conformada por líderes religiosos, promotores familiares y Gabinetes de la Familia. Las víctimas tendrán que arreglar sus “conflictos” a este nivel, y en caso de no solucionarlo, las mujeres tendrán  la opción de acudir a las Comisarías de la Mujer o Ministerio Público.

Sin embargo, oficiales y fiscales remitirán a la víctima al Ministerio de la Familia para que le brinden Consejería Familiar Institucional. Un acta quedará como constancia del caso, pero si la mujer regresa a denunciar maltrato hasta ese momento las autoridades procederán a investigar la denuncia, plantea el artículo 10.

“Es agregar nuevas instancias que son ajenas al marco de protección de derechos humanos de las mujeres y, en definitiva, no son parte de un proceso dirigido a esclarecer un hecho delictivo, a proteger y defender a las mujeres, facilitar el acceso a la justicia y la reparación de la violencia”, fustigó Flores.

Aunque el reglamento contenido en el decreto 42-2014 no menciona en ninguna parte la voluntariedad para saltarse estas Consejerías Familiares, la tutelar de MiFamilia, Marcia Ramírez, sostuvo que las mujeres no están obligadas “a agotar la vía administrativa de las Consejerías Familiares” para recurrir a las autoridades.

Ramírez indicó que la lógica de estas Consejerías es la de “prevención”. “Esta política de Estado retoma esa línea de prevención sin descuidar toda una ruta de atención a las víctimas. Podríamos decir que tanto la política como la reglamentación de la ley tiene dos grandes componentes: uno de prevención y otro de atención”, dijo.

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) rechazó de plano la instauración de estos mecanismos. “Las estructuras creadas llamadas ‘Consejerías Familiares’ invadirán la privacidad y decidirán por encima de la palabra, la voz y el derecho de las mujeres, que quedan reducidas a la categoría de personas ‘tuteladas’ sin capacidad de agencia y representación propias”, versa un comunicado.

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